Madrid (España). El proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España ha superado todas las previsiones iniciales.
Al cierre del plazo de presentación de solicitudes, el pasado 30 de junio, 1.174.978 personas habían solicitado acogerse a esta medida, una cifra que más que duplica la estimación inicial del Ejecutivo, que preveía alrededor de medio millón de beneficiarios.
La iniciativa, aprobada mediante real decreto, está dirigida a extranjeros que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que se encontraban en situación administrativa irregular, así como a determinados solicitantes de protección internacional.
Entre los requisitos, figuraron: acreditar una permanencia continuada en el país durante al menos cinco meses, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden o la seguridad pública.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aproximadamente 608.000 expedientes ya se encuentran en tramitación, mientras que cientos de miles de solicitantes han obtenido una autorización provisional que les permite residir y trabajar legalmente mientras se resuelve su expediente.
Asimismo, cerca de 11.000 personas ya han recibido una resolución favorable definitiva.
La mayoría de las solicitudes corresponde a ciudadanos procedentes de América Latina, con una destacada presencia de migrantes de Colombia, Venezuela, Perú y Honduras, además de Marruecos entre las principales nacionalidades.
Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran el mayor volumen de expedientes presentados.
El Gobierno defiende que esta regularización responde tanto a una necesidad humanitaria como económica.
Diversos estudios sostienen que la incorporación de estas personas al mercado laboral formal contribuirá a reforzar la Seguridad Social, reducir la economía sumergida y atender la creciente demanda de trabajadores en sectores como la hostelería, la construcción, el comercio y los cuidados.
El proceso, no obstante, también ha generado un intenso debate político y jurídico.
Mientras organizaciones sociales, sindicatos, entidades empresariales y la Iglesia han respaldado la medida, varios partidos de la oposición han cuestionado su alcance y el Tribunal Supremo analiza si determinados aspectos del procedimiento podrían entrar en conflicto con la normativa europea en materia de inmigración y retorno.
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